Con la colaboración de Carlos Zarco, Alexia Martínez, Frida Arreola y Cintia Alva

Las elecciones en Venezuela y la campaña presidencial en Estados Unidos protagonizaron el escenario regional de este tercer trimestre del año (julio a septiembre) por las implicaciones que ambos acontecimientos suponen para la región latinoamericana y caribeña, con regímenes autoritarios en Cuba, Guatemala, Nicaragua, Honduras y El Salvador, que impiden el goce y el disfrute del derecho a la libertad de expresión y prensa de sus poblaciones.

Es en este contexto que se publicó el juevo análisis del estado de la libertad de expresión y prensa en Centroamérica y Caribe que abarca el tercer trimestre del año (julio-septiembre).

En Cuba, los intentos del régimen por seguir ocultando la grave crisis que lo azota, a través del silenciamiento del periodismo independiente y de las voces críticas. Así se observa con la ola represiva desplegada durante estos meses.

Esas acciones represivas se dan en un entorno de crecientes restricciones económicas. El gobierno cubano proclamó que el país vive “una economía de guerra” debido a la creciente escasez de bienes básicos y dificultades en el sistema de salud.

Tenemos como ejemplon las precarias condiciones para los derechos humanos de las personas en reclusión, particularmente los presos políticos, Cubalex señala que prevalecen las condiciones de aislamiento en las prisiones cubanas, acompañadas de “[l]a duración excesiva del aislamiento, la falta de revisión independiente y la insuficiente protección para grupos vulnerables son incompatibilidades significativas que pueden conducir a abusos y violaciones de derechos humanos”.

Por otra parte, en Nicaragua, el reforzamiento del marco normativo punitivista continuó su marcha, a la par que desapareció forzosamente a la periodista Fabiola Tercero y desterraron a voces disidentes.

El esándalo más reciente, fuera del marco temporal del análisis julio-septiembre, es la “reforma constitucional” a 100 artículos de la Carta Magna del país, que prácticamente genera una nueva Constitución de corte sumamente autoritario y contrario a los derechos humanos. Vale la pena un análisis separado de este nuevo golpe autocrático de la ahora reconocida co-presidencia de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

En este contexto, la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED) dio a conocer su informe trimestral julio- septiembre en el que se documentó un total de 30 casos de violaciones contra la libertad de prensa.

Los indicadores más recurrentes son “el discurso estigmatizante, con 14 casos, lo que representa el 46.7 % del total, seguido de las agresiones y ataques, con 9 casos, que equivalente al 30 % del total”. En este contexto destaca la expulsión del país a corresponsales de medios internacionales como AFP, EFE, El País y Reuters.
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Por su parte, a un año de que se celebren elecciones en Honduras, el informe muestra signos de deterioro institucional que se acompaña de un aumento de actos intimidatorios, agresiones en redes sociales y amenazas en contra de periodistas y activistas.

Medios independientes como Contracorriente y periodistas como Dina Meza son ejemplo de quienes sufreen de manera constante esta escalada intimidatoria y de amenazas. En este deterioro institucional se dio el lamentable asesinato del activista Juan López.

Las tendencias en El Salvador no distan mucho de este contexto con las persistentes declaraciones del presidente Nayib Bukele que criminalizan la labor periodística. Los periodistas de GatoEncerrado dan cuenta de los obstáculos y las restricciones que experimentan por parte de legisladores del partido oficial en el Parlamento nacional.

Destacan que especialmente “los que trabajan en medios independientes, son vigilados, acosados, controlados, limitados y hasta censurados en la Asamblea Legislativa dominada por el partido de Nayib Bukele, Nuevas Ideas”. Estas prácticas de control y censura, señalan integrantes del medio, “no son nuevas, pero bajo el bukelismo son peor que en otros periodos legislativos… [l]a vigilancia es tan intensa que los periodistas son escoltados hasta cuando necesitan utilizar los sanitarios”.

Finalmente, la visita in loco que hizo la CIDH durante julio a Guatemala, confirma los desafíos que aún enfrenta el país en el marco del pacto de corruptos, afectando mayormente al periodismo que investiga actos de corrupción.

Esto se ejemplifica con la criminalización de la que ha sido víctima el periodista José Rubén Zamora quien cumple más de 800 días bajo proceso. Pese a ser cancelada la prisión preventiva en un primer momento, ahora el periodista debe afrointar que un tribunal de apelación revocó tal decisión, por lo que puede volver a prisión.

El caso de Zamora rebela los grandes retos y amenazas que enfrenta la democracia en Guatemala, entre ellos la coptación y captura del sistema de justicia por parte de las élites corruptas.

Centroamérica y Caribe son cada vez más un espejo donde se ven muchos países de Latinoamérica. El fantasma del autoritarismo está tan presente como hace 40 años, con formas más sofisticadas y algunas veces sutiles, pero reduciendo la capacidad de ejercer derechos para la ciudadanía y concentrando el poder en las Jefaturas de estado.

Leopoldo Maldonado

https://www.sinembargo.mx/author/leopoldomaldonado/

Es Director Regional de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica. Maestro en Derechos Humanos y abogado por la Universidad Iberoamericana. Es integrante del Comité Consultivo del Repositorio de Documentación sobre Desapariciones en México. Durante 15 años ha trabajado como activista y defensor de derechos humanos defendiendo migrantes, personas indígenas, periodistas y víctimas de violaciones graves a derechos humanos.

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